Hace casi un año que España celebró elecciones generales y se invistió a un nuevo Presidente del Gobierno que, junto a su gabinete, se han caracterizado por “abusar” de su mayoría absoluta y legislar a “golpe de
Decretos-Ley”, es decir, leyes que no requieren la aprobación del Parlamento y, directamente, emanan del propio Gobierno. Durante los primeros meses, muchos españoles hemos temido los viernes, día en el que se celebran los Consejos de Ministros, porque de estas reuniones siempre han salido reformas y recortes y, por lo que parece, la práctica se va a seguir manteniendo. Según se ha filtrado hoy,
a través de Piratas de Cataluña, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha preparado
un borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que, al estilo de la infame Ley Sinde-Wert, el ejecutivo
parece dispuesto a golpear Internet y orientar la red al modelo que imponen las entidades de gestión de los derechos de autor y la arcaica industria de los contenidos.
El borrador articula un Decreto-Ley, la fórmula legal que evita pasar por el Congreso de los Diputados y que, teóricamente, solamente debe utilizarse en casos de urgencia, con el que el Gobierno (a través del Ministerio de Cultura) pretende reformar la Ley de Propiedad Intelectual en la que destacan tres aspectos, en mi opinión altamente preocupantes:
El famoso
canon digital, es decir, el gravamen que sufren los soportes de grabación y dispositivos electrónicos se confirma (como ya se adelantó cuando
se aprobó la Ley Sinde) que pasará a ser sufragado por todos los ciudadanos puesto que se abonará una compensación económica a las entidades de gestión que saldrá de los presupuestos generales del Estado. Dicho de otra forma, nuestros impuestos pasarán a pagar a entidades como la SGAE que, a su vez, deberá hacer el reparto de este dinero entre autores, productores y discográficas.
El concepto de copia privada también se ve modificado y sufre un sesgo enorme puesto que, de aprobarse este borrador, se considerará copia privada únicamente a las copias que se realicen de obras que hayamos comprado previamente o que procedan de una grabación de la radio o la TV. Es decir, de aprobarse este texto, no sería legal realizar una copia de un disco que nos haya prestado un amigo (aunque él lo haya comprado y nosotros vayamos a usarlo para consumo interno) o que esté depositado en una biblioteca.
Internet, las páginas web y las redes sociales también se ven seriamente amenazadas por este documento puesto que se incluye el infame artículo 158.bis en el que se obliga a los gestores de cualquier página web a informar a la autoridad competente (al Ministerio de Cultura) una relación de las obras (vídeos, imágenes, documentos sonoros, libros, etc) que tengan enlazadas y las autorizaciones concedidas por los titulares de los derechos de las mismas que posean para poder publicarlas (una acción que de no hacerse supone sanciones económicas de hasta 150.000 euros, el cierre de la web y si ésta opera desde España, entonces el bloqueo de la misma desde el territorio nacional).
En mi opinión, si este texto se aprobase, el panorama se tornaría excesivamente gris y, desde luego,España retrocedería prácticamente 50 años. El artículo 158.bis es un ataque frontal al funcionamiento de Internet porque no solamente afecta a las llamadas webs de enlaces de descarga sino que también afectaría a los buscadores que, por ejemplo, no podrían enlazar con imágenes que cuenten con copyright (imaginemos una fotografía colgada en Flickr por un usuario que la subió sin ponerle licencia Creative Commons y con el que Google tendría que contactar para obtener los permisos oportunos para poder mostrar el resultado en el buscador de imágenes).
Siguiendo la senda de la Ley Sinde, en la que los tribunales brillaban por su ausencia, estas modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual legitiman al Ministerio de Cultura para actuar directamente y ejecutar el cierre de webs o la imposición de sanciones, de hecho, el cierre se haría sin notificación directa al afectado y
se publicarían en el tablón de anuncios del Ministerio de Cultura (para eso sí que funciona la Administración Electrónica en España).
Si al cerco que se va a imponer a la red es bastante preocupante,
la rebaja en el derecho a la copia privada es aún más retrógrado si cabe, una maniobra estrechamente vinculada al aparato de la industria de los contenidos que sale excepcionalmente reforzada con este borrador. ¿Y por qué salen reforzados? Por un lado, el borrador disipa cualquier vía para reclamar la devolución del canon cobrado injustamente (hemos pagado canon por CDs destinados a grabar las fotos de nuestras vacaciones o empresas que los usaban para sus copias de seguridad) y, encima,
el sustituto del canon saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y entidades como la SGAE (esa que
nos brindó un gran escándalo)
son las encargadas de administrar estos fondos públicos para compensar a la industria por esa copia privada que, además, se ve bastante recortada.
Es una pena que, a pesar de estar en el año 2012 y buscar el entendimiento entre las partes implicadas o se propicie la búsqueda de nuevos modelos de negocio, se legisle de manera conservadora beneficiando a un modelo de industria cultural obsoleto y arcaico que se apoya únicamente en legislaciones y copyright. Los gobiernos deberían luchar contra las situaciones abusivas en vez de recortar derechos y, sobre todo, en épocas de crisis y recesión (donde se recortan prestaciones o se intenta desmantelar la sanidad gratuita y universal) no deberían darse fondos públicos a entidades como la SGAE después de todo el escándalo de sociedades, cuentas maquilladas y fraude que se destapó con la anterior directiva.
